Por Alexis Díaz-Moyá
ASPECTOS ECONÓMICOS DE PERIODO 1960-1973
En función del análisis del periodo comprendido entre 1960 y 1990, desde la perspectiva del arte y su relación con la política, es un afán ineludible el centrar la mirada en el o los procesos económicos acaecidos en el periodo mencionado a fin de determinar cuáles eran las realidades materiales de los tres gobiernos que se adscriben en marco temporal de nuestro estudio. Ahora bien, cabe preguntarse para qué tratar de determinar la realidad material del proceso y sus cambios cualitativos. La respuesta dice relación con el cómo comprenderemos las relaciones que se resumen en un proceso histórico; nuestra mirada –en este caso- sigue un orden desde el materialismo histórico como herramienta para el quehacer científico social, en tanto comprenderemos a la economía, desde sus estructuras más sencillas, como el motor de la historia, y es que es precisamente la materialización de las doctrinas económicas y sus desiciones de acción lo que ha determinado la eterna relación de antítesis sociales –en cuanto estructuras de clase- que finalmente configuran una realidad política y social determinada con todas las expresiones que ello implica, entre las cuales se encuentra, ciertamente, el arte popular o de expresión popular, en suma, entendemos a la economía como agente detonador de la Historia en su conjunto.
El periodo 1960-1990, en términos de realidad económica, ha sido un periodo de vertiginosos cambios estructurales, en otras palabras, de “revolución” y contrarrevolución”, lo que en parte explica la atención de nuestras miradas en lo que podríamos llamar la “respuesta social”.
Hablamos de “revolución” en términos económicos, en la medida en que las desiciones gubernativas de aplicación de reformas atendieron asuntos estructurales y profundos que determinaron una consecuencia política social cuantitativa y cualitativamente impresionante, así:
“Si se discute este tema, será imprescindible tener en cuenta que entre 1950 y 1970 la modernización en la producción de bienes y servicios fue muy importante; que de la mano de experiencias democráticas de diferente inspiración -populistas, liberales, socialcristianas y socialistas- se completaron o iniciaron desde el sector público proyectos fundamentales para el desarrollo del país, entre los cuales se destacan la siderurgia y ramas derivadas, la electrificación, el petróleo y la petroquímica, la celulosa, los planes frutícola y forestal, la modernización de las telecomunicaciones. También se deberá tener en cuenta que entre 1965 y 1971, después de grandes acuerdos políticos, se implementaron reformas tan decisivas, trascendentes y de repercusiones complejas como la agraria y la nacionalización del cobre. Todo ello sin que se atropellaran los derechos de las personas.
El contraste con el período dictatorial no puede ser más profundo. Durante los años del régimen militar el gobierno controló el poder en forma total, se desarticuló al movimiento sindical, se sometió a una férrea disciplina a la masa laboral, se manipuló a las dirigencias empresariales, a la vez que se implementaron profundas transformaciones que implicaron la liberalización de los mercados y del comercio exterior, la eliminación de los controles de precio, la desregulación del mercado de capitales y la reducción tanto del tamaño como de la actividad del Estado en producción de bienes y servicios”[1]
En honor al dato, que para este caso pretende atender el “paisaje económico material” de la época en estudio debemos aportar que para la década de 1960 se evidencia el siguiente grado de concentración de la economía: a) 248 firmas controlaban todos y cada uno de los sectores económicos, y el 17% de todas las empresas concentraban el 78% de todos los activos. b) En la industria, el 3% de las firmas controlaban mas del 50% del valor agregado y casi el 60% del capital, c) En la agricultura, el 2% de los predios poseían el 55% de la tierra. d) En la minería, tres compañías norteamericanas controlaban la producción de cobre de la Gran minería, que representaba el 60% de las exportaciones chilenas en 1970. e) En el comercio mayorista, 12 empresas -0,5% del total- daban cuenta del 14% de las ventas. f) En la banca, el banco estatal (Banco del Estado) controlaba casi el 50% de los depósitos y los créditos, y 3 bancos privados (de un total de 26) controlaban mas del 50% del remanente"[2].
Con lo anterior podemos revisar, a grandes rasgos, las decisiones de carácter económico más relevantes de los gobiernos social-cristianos, socialistas y militar a fin de hacer un seguimiento didáctico que nos entregue las herramientas necesarias para no perder de vista la producción artística como expresión o participación política popular.
Gobierno de Frei Montalva (1964-1970)
Para el profesor Luis Alberto Romero
“La ‘revolución en libertad’ aparece como una fase del proceso de modernización de la sociedad y la economía chilena, y las políticas de Frei pueden ser vistas, en el largo plazo, como parte de una intervención estatal, en la dirección de la economía y la promoción de la equidad social, que arranca en los años cuarenta y se proyecta al período de Allende. Los grandes programas de reformas de la presidencia de Frei -la "chilenización" de la industria del cobre, la reforma agraria, la promoción social y la extensión de la educación-, fueron en lo sustantivo continuada por Allende. Con razón puntualiza Gazmuri que lo radicalmente ausente es cualquier sesgo neoliberal, como el que caracterizaría las políticas posteriores a 1973. Sin embargo, se insinúa que, más allá del fuerte cambio de rumbo luego del golpe militar, la bonanza de finales del siglo se apoya en aquella modernización”[3].
El Chile anterior a Frei, si bien conoció transformaciones profundas, de la mano de los gobiernos del FRAP, se vio estancado en términos de desarrollo económico y “económico en espectro social”, en gran parte a causa de la debilidad de los gobiernos de turno para asumir posiciones financieras comprometidas con el concierto económico mundial violentado por la especulación derivada de la Guerra fría. El PIB[4] fue bajo y la inflación se definía como un verdadero flagelo[5]. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, esperaba elevar la tasa de crecimiento económico y junto a ello, proponía también una serie de cambios estructurales para chile, dadas las condiciones de desarrollo que enfrentaba el país, es decir, llevar adelante una reforma agraria efectiva, la promoción popular en la cual quería aumentar los espacios de participación social en la toma de dediciones, comenzar el proceso de “chilenización” del cobre y la modernización del sistema educacional.
Económicamente hablando, el mayor aporte del gobierno social-cristiano se reduce, tal vez, en dos: La reforma agraria y la “chilenización del cobre”.
“En cuanto a la reforma agraria, el plan de la DC fue el primer intento serio de alterar las relaciones de producción en la agricultura, junto con la chilenización del cobre, fue el punto al que el gobierno asignaba mayor importancia. Sus objetivos tenían un doble sentido: lograr un aumento sustancial de la producción agrícola, contribuyendo de esa forma a reducir la presión sobre la balanza de pagos y dar comienzo a un proceso de redistribución de la tierra que permitía crear 100.000 nuevos propietarios entre los campesinos”[6].
Como lo dijera el mismo timonel de gobierno, su fin era “dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan, aumentar la producción Agropecuaria y la productividad del suelo”. La consolidación legal de este proceso se incrusta hacia 1968 con la promulgación de la “ley de Reforma Agraria”, que permitía la expropiación de la tierra cuando un predio agrícola era de extensión excesiva, había abandono, mala explotación o fragmentación excesiva de la tierra. .La reforma agraria que planteaba Freí a diferencia de Jorge Alessandri, se proponía expropiar masivamente tierras, bien o mal explotadas, en manos de particulares que fuesen grandes terratenientes. En uno de sus discurso Freí planteo que “nosotros queremos una reforma agraria para los inquilinos, para los medieros, para los arrendatarios, para los capataces, para los afuerinos. Queremos la posibilidad de que lleguemos a ser propietarios .Hay en chile cerca de 130 mil pequeños propietarios. Quiero que al final de mi gobierno allá 230 mil. Para el buen patrón que produce, que trabaja, que paga su salario justo, digo francamente que lo voy a ayudar. No voy a vacilar, cuando haya necesidad de pagar un precio justo al agricultor chileno”[7]
Siguiendo en la línea del análisis de elementos económicos más relevantes, queda revisar el ya mencionado proceso de “chilenización del cobre”.
“Uno de los planes principales del PDC consistía en integrar el sector del cobre al resto de la economía. Según los cálculos del gobierno, se necesitaba doblar la producción con el fin de proporcionar una base de financiamiento más estable a los nuevos proyectos de inversión en otras áreas económicas. Durante la campaña electoral Frei fue deliberadamente equívoco respecto del sistema que su régimen pensaba introducir en la minería cuprífera. Aunque a diferencia del candidato de la izquierda, no prometió nacionalizar las propiedades de las compañías norteamericanas –Kenncot y Anaconda- que controlaban más del 80% de las exportaci0ones del mineral, reclamó una mayor participación del Estado en el sector minero”[8].
Con estos objetivos se constituyeron sociedades mineras mixtas entre las compañías norteamericanas y el estado Chileno y a través de ellas en 1967, Chile compro el 51% de las acciones del teniente, el 30% de la andina y el 25% de la exótica. En este esfuerzo el gobierno no contó con el apoyo condicional de la izquierda. En 1969 se inicio un segunda fase de la política del cobre es caracterizada por la “Nacionalización pactada” de los minerales de Chuquicamata, Salvador y Potrerillos. El estado Chileno adquirió el 51% de la acciones perteneciente a la “Anaconda” y quedo establecida la adquisición del 49% restante a contar de Diciembre de 1972.
Gobierno de la Unidad Popular 1970-1973
El programa de la Unidad Popular. hacía una afirmación explicita de su naturaleza antiimperialista, antioligárquica y antimonopolica, que marcaba el tono de los profundos cambios estructurales que proponía realizar, los que irían en beneficio de los trabajadores en general (obreros y empleados), de los campesinos y pequeños empresarios, esto es, de la inmensa mayoría nacional. El gobierno de la U.P. iba a ser un experimento histórico en el que la transición al socialismo se daría a través de la estructura institucional existente. Para facilitar esta transición se requerían dos elementos: la estatización de los medios de producción y una mayor participación popular.
Cuando hablamos de las reformas estructurales que propone al U.P (notar el proceso de revolución sobre reforma, si comparamos las direcciones del PDC y la UP) hablamos de reformas tendientes a depositar el control de los medios de producción en manos del Estado. El por qué se busca este control se responde básicamente en función del ideal socialista del “beneficio para los trabajadores”. Si el Estado poseía los medios de producción sobre los que se desenvolvían las fuerzas productivas (los Trabajadores), éste –el Estado- podría garantizar la toma de desiciones económicas siempre beneficiarias al total de la población laboriosa; en palabras de Pedro Vuskovic el conflicto residía justamente en la posesión de los medios de producción en tanto éstos son los que generan el poder “Lo que esta en juego es la propiedad de los medios de producción por una pequeña minoría; entonces, las cuestiones económicas reales son: quien tiene el poder de fijar los precios y por lo tanto las utilidades, y quien captura el excedente económico y decide como reinvertirlo".
Con anterioridad a este apartado decíamos que la inflación fue un tema de real preocupación para los gobiernos desde por lo menos la quinta década del siglo XX, tanto así que era catalogada como un flagelo, pues bien el control de la inflación era realmente un objetivo clave para la U.P., debido a razones políticas y económicas. Para este caso revisaremos sólo las económicas, así diremos que dado que la redistribución del ingreso se llevaría a cabo mediante aumentos de los salarios nominales, era importante reducir la inflación para asegurar un incremento de los salarios reales.
“Un elemento clave de la política macroeconómica de la U.P. fue el alto nivel de capacidad no utilizada y desempleo de la economía chilena, así como de las reservas internacionales y los inventarios industriales. Los economistas de la U.P. no hicieron comentarios respecto de las limitantes relativas a los niveles de capacidad específica sectorial, que pueden ser muy diferentes de las cifras globales, y a que la utilización de la capacidad disponible no utilizada es una holgura "por una sola vez". Una percepción mecanicista sugería implícitamente que las transformaciones estructurales ayudarían rápidamente a resolver los problemas macroeconómicos”[9].
La política antiinflacionario de la U.P. se basaba en los siguientes planteamientos:
1. La inflación es en realidad un fenómeno estructural. El control de precios, la eliminación del sistema de mini-ajustes cambiarios y la nueva estructura económica detendrían la inflación.
De este elemento hay que hacer lectura respecto des dimensiones ideológicas y su real aplicación por parte de la Unidad Popular de premisas del Leninismo que hablan sobre el control del mercado negro y su incidencia en la estabilización económica.
2. El control estatal de la mayor parte del aparato productivo y de comercialización sentaría las bases para terminar con la inflación.
3. Dados los controles de precios y los reajustes salariales, los salarios subirían más que los precios, lo que llevaría a una reducción de la tasa de utilidad unitaria. Sin embargo, considerando la existencia de capacidad no utilizada, el aumento de la producción y de las ventas compensaría la declinación de las utilidades unitarias, manteniendo el nivel global de las ganancias.
“Según el ministro de Hacienda de la U.P., los efectos de las medidas anteriores implicarían que en muy breve plazo "los aumentos de precios desaparecerán y en el futuro se recordara la inflación como una pesadilla de gobiernos anteriores, que eran los sirvientes del gran capital". El programa de la U.P. contenía una visión mas moderada, según la cual la inflación desaparecería debido a las medidas antimonopólicas y al apoyo de la mayoría de la población”[10].
En un análisis crítico, podemos resumir que si bien en el gobierno de la Unidad Popular hubo avances en el espectro social, éstos no respondían más que a la intensificación de reformas preexistentes, como ya hemos mencionado, sino que nos queda también desmitificar en parte el carácter de “revolucionario” que ciertos intelectuales pretenden dar a ese gobierno, más aun en la plataforma económica.
En relación a las medidas económicas de la UP, la burguesía no se engañaba a sí misma, y por boca de la DC reconocerá abiertamente que "en lo fundamental sólo se había producido un cambio de patrón en las empresas del área social, donde el capitalista privado fue reemplazado por un nuevo patrón, el Estado". Así, en las empresas nacionalizadas que formaban el Área de Propiedad Social (APS), la gestión de las mismas quedaba a cargo de Consejos Administrativos, compuestos de 5 representantes de los obreros y 5 funcionarios estatales. Los mandatos de los representantes obreros eran revocables cada año, no así el de los burócratas estatales, que manejaban las empresas con el mismo estilo que los viejos patrones "privados". Básicamente, se trataba de comprometer a los trabajadores con el cumplimiento de metas productivas, pero los obreros no tenían poder para fijar esas metas, no sólo al nivel de la rama de actividad (a medida que el APS se ampliaba), sino al nivel de la propia empresa. Posteriormente, el Gobierno y la UP plantearán la incorporación de los sindicatos al esquema de "participación". La subordinación de los mejores elementos de la clase, a la gestión del capitalismo de Estado, implicará una dependencia política frente a ese mismo Estado burgués.
En cuanto a la nacionalización del cobre (proceso iniciado con la compra del 51% de las acciones durante el gobierno de Frei), basta decir que no sólo implicaba indemnizar a las empresas yanquis, sino que hasta la derecha la votó. El secretario general del PS quiso dejar en claro, para la posteridad, que la famosa nacionalización del cobre "no fue un acto arbitrario y unilateral del gobierno ‘marxista’... se efectúa por decisión unánime del Parlamento, en el cual la coalición gobernante estaba en minoría"[11]
“Entre noviembre del 70 y agosto del 71, el gobierno de Allende pagará en concepto de indemnizaciones: 400 millones de dólares a bancos comerciales; 576 millones a multinacionales del hierro y el salitre; 320 millones a terratenientes; 600 millones a monopolios expropiados; 8.830 millones a las empresas yanquis de cobre Anaconda y Kennecott”[12].
Con este escenario de gastos de dólares se empujará al imperialismo norteamericano a decidir el corte de todos los créditos, porque una cosa era ver qué sucedía con el “experimento Allende”, y otra cosa era financiarlo, con el riesgo, inclusive, de perderlo todo.
Téngase en cuenta que, antes y después de este "bloqueo invisible" (como lo denominaron los dirigentes de la UP), el gobierno chileno venía pagando puntualmente la abultada deuda externa, y que llegado el momento, no dudará tampoco en firmar un stand-by con el FMI. La propuesta más audaz que haga el gobierno de la UP a la gran banca internacional será una moratoria de 3 años.
La caída del precio del cobre (manejado por las multinacionales a las cuales la UP indemnizaba generosamente) significaba una pérdida del 33% de los ingresos del Presupuesto Nacional.
Pese al alza de los salarios reales y al lento cumplimiento de la reforma agraria, las masas no cesaban de organizarse y movilizarse. Los explotados chilenos esperaban que ahora, con ‘Don Chicho’ en el gobierno, sus más anheladas reivindicaciones se verían al fin cumplidas... Y si acaso la derecha no le permitía al ‘compañero Presidente’ cumplir con el Programa, entonces qué mejor que organizarse y movilizarse con aún mayor intensidad.
Dictadura Militar
Tras las medidas políticas y económicas adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular y el avance decidido de las masas trabajadoras chilenas, la reacción contrarrevolucionaria de los grupos golpeados por el intenso proceso de reforma no se dejó esperar.
La situación chilena –inmersa en el marco de la guerra fría- era una situación de excepción que mereció capítulos especiales en las discusiones sobre los destinos de Sudamérica llevados en Washington. La oligarquía terrateniente y la burguesía empresarial nacional buscaban acuerdos que les permitiesen mantener sus privilegios de clase. Centraron su mirada en las Fuerzas Armadas. El pentágono, siguiendo las órdenes de Nixon no dudó en hacer lo mismo. La síntesis del proceso se manifiesta un martes 11 de Septiembre de 1973 cuando se ataca bélicamente al gobierno; bombardeando la moneda y exigiendo la entrega de la presidencia. Los hechos ocurridos a posterior son por todos conocidos. El palacio de La Moneda en llamas. Allende muerto. El congreso cerrado. Los partidos proscritos. El país en manos de una junta militar integrada por el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh Guzmán el Comandante en Jefe de la Armada, José Toribio Merino, y por el General Director de Carabineros, César Mendoza Durán (los dos últimos acaban de tomar las jefaturas supremas de sus ramas).
Para efectos prácticos, podemos y debemos reconocer en el periodo comprendido entre septiembre de 1973 y 1990 dos etapas marcadamente diferenciadas sufridas por la economía nacional. Una primera etapa de nacionalismo militar o lisa y llanamente fascismo, que se puede identificar entre septiembre de 1973 y fines de 1978, donde la junta militar tiene el "mando supremo de la nación" y se encuentra sin modificaciones políticas desde su formación. Y una segunda etapa, etapa de contrarrevolución civil interna; proceso encabezado por los estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile que, tras sus especializaciones en las universidades norteamericanas, principalmente de la escuela de Chicago inician su llena vinculación en la dirección económica nacional, en colaboración con la junta que, ya para ese entonces, ha expulsado al general Gustavo Leigh (El 24 de julio de 1978). La junta cumple ahora labores “constituyente” y “Legislativa”. Augusto Pinochet tiene el mando.
Bajo la dirección de Pinochet, la Junta Militar intenta implementar un sistema económico lo más alejado posible del “trauma” socialista. “La idea era pasar de los intereses corporativos y de los grupos de presión a un alto protagonismo de la empresa privada”[13]. Para este objetivo se hizo necesaria la presencia de los ya mencionados estudiantes católicos, que desde aquí en tanto serán conocidos como los “Chicago Boys”.
“Su ingreso al régimen militar se produjo gracias a la cercanía que tenían con el movimiento gremial y a sus lazos con Jaime Guzmán. Dentro del grupo se destacaban Sergio De Castro, Miguel Kast, Enrique Fontaine, Pablo Baraona y José Piñera, entre otros. Todos ellos cumplieron roles claves dentro de la economía del país.
Muchas de las salidas que propusieron los Chicago Boys se impusieron radicalmente. El Plan de Shock instaurado en 1975 por Jorge Cauas marcó el inicio del neoliberalismo monetario ortodoxo.
El plan consistía en recortes adicionales al gasto fiscal y tenía como fin frenar el alza de los precios y superar la crisis de balanza de pagos por medio de una fuerte contracción de las importaciones. Se reducía con ello el 15% anual de los gastos en moneda nacional y 26% los gastos en moneda extranjera”[14].
“En su libro "La historia no contada de los economistas y el Presidente Pinochet", el abogado y periodista Arturo Fontaine Aldunate describe "el proceso en virtud del cual un gobierno militar y autoritario -el del Presidente Augusto Pinochet- hace rigurosamente suyos los principios de la economía de mercado".
Fontaine, ex embajador del régimen militar, defiende la tesis de que esta aparente paradoja de libertad económica incorporada a un sistema autoritario le evitó a Pinochet caer en el populismo”[15]
Esta contrarrevolución civil y exacerbadamente liberal, en el aspecto económico, consigue, en suma, dejar atrás definitivamente le gobierno de la Unidad popular. Del proceso de estatización, implantado por el gobierno derrocado, se pasa al de privatizaciones. Hubo una apertura al comercio exterior, con el auge exportador, en los años 80, de productos tales como harina de pescado, celulosa, astillas (chips) y frutas.
“La reforma previsional creó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para invertir el dinero de las futuras jubilaciones de los trabajadores, y a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE),que ofrecen planes de salud de acuerdo con los ingresos del cotizante.
El Plan Laboral terminó con antiguas conquistas sindicales como la negociación colectiva por rama de actividades e impuso el despido sin expresión de causa como derecho de los empleadores. En democracia ese artículo fue reemplazado por el despido "por necesidades de la empresa".[16]
La crisis de 1982
El excesivo liberalismo económico impuesto por lo Chicago Boys, tarde o temprano vería su crisis. Chile tuvo su propio “Jueves negro” ya hacia 1982. Las profecías de la economía marxista se habían cumplido toda vez que Marx ya hacía casi un siglo atrás anunciara las repetidas crisis del sistema económico capitalista. La exagerada descentralización de la economía que había estimulado la inversión extranjera, inversiones que aprovecharan la inconciente nueva legislación laboral pensada por José Piñera, trajeron como consecuencia el “empeoramiento gradual de la balanza comercial” la caída de los niveles de ahorro interno y la creciente sobre valuación del peso.
”Esta situación derivó en un descenso de Chile en la competitividad internacional, ya que el desajuste entre los precios externos e internos terminaron por abarcar una amplia brecha imposible de suplir con los recursos existentes.
La situación internacional abarcó un período de crisis entre 1981 y 1987, la que fue controlada por el Fondo Monetario Internacional mediante altas tasas de interés para los préstamos internacionales sin importar el nivel de riesgo de los países. Con tal panorama el régimen militar se vio obligado a tomar medidas rápidas que no echaran por la borda el nuevo sistema económico”[17].
Los Chicago Boys, ante el avance de esta crisis, sostuvieron reuniones políticas intensas con la junta, a quien el peso de sus actos ya comenzaba a pasarles la cuenta en la sociedad civil, a fin de tratar separar las acciones del gobierno en el plano militar (la junta presidida por Pinochet) y las medidas pensadas por los civiles involucrados en el gobierno.
La situación económica internacional no ayudó a superar la crisis, que en Chile se agravaba en forma sostenida, la economía latinoamericana se encontraba resentida por la disminución sostenida de la liquidez de las inversiones.
“La administración de la crisis entre 1983 y 1984 se caracterizó por un alejamiento momentáneo de la teoría del libre mercado. El desempleo alcanzó un nivel drástico de un 30 por ciento a finales de 1983, el sistema bancario estaba al borde del colapso y el entonces ministro de Hacienda, Rolf Lüders, se transformó en el propietario del 80 por ciento del sistema financiero privado.
Los empresarios pedían a gritos una mayor emisión monetaria y urgentes medidas para la reactivación de las exportaciones. Dada la situación entra en acción la Confederación de la Producción y el Comercio.
Durante este período Pinochet adquiere mayor protagonismo: reorganiza su gabinete, se plantea nuevos objetivos económicos y una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones. Los mayores logros fueron el aumento del PNB a un 4,8 por ciento y la baja de las tasas de interés de 35 a 11 por ciento. ”[18]
“En 1990, cuando terminó el gobierno militar, las nuevas autoridades democráticas dijeron que había en el país 5 millones de pobres y que la desigual distribución del ingreso obligaba, en palabras del entonces presidente Patricio Aylwin, a impulsar una política de "crecimiento con equidad", como contrapartida al modelo económico neoliberal impuesto por los militares. "El mercado es cruel", comentó Aylwin al inicio de su mandato. El crecimiento con equidad ha sido, también, un objetivo y una deuda para las administraciones siguientes: Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”[19].
[1] GARCES, Mario. Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitas del siglo XX. Edit. LOM. Santiago de Chile, Febrero 2000. Pág.273
[2] Datos aportados en la cátedra La economía Chilena: visiones alternativas y problemas por Patricio Meller. Universidad de Chile.
[3] ROMERO, Luis. En Revista de Historia Nº36, Agosto 2003
[4] PIB (Producto Interior Bruto) - Suma de todos los bienes y servicios producidos en un país en un período de tiempo dado. El cálculo de esta magnitud se realiza considerando las remuneraciones de los factores que inciden en el proceso productivo: trabajo, tierra y capital. ...
[5] Revisar los discursos presidenciales de Alessandri Rodríguez.
[6] FAUNDEZ, julio.Izquierdas y Democracia en Chile. 1930-1973. Edit. BAT. Abril 1992. Pág.149
[7] En http://es.wikibooks.org
[8] FAUNDEZ, Julio. OP.Cit. Pág.146-147
[9] En www.cfg.uchile.cl
[10] Ibid.
[11] ALTAMIRANO, Carlos. Dialéctica de una derrota. Edit. Siglo XXI. Pág. 126
[12] Citado por Luis Vega en La caida de Allende. Edit.La semana. Israel. Pág.105
[13] El rol de los Chicago boys durante el gobierno militar. En http://www.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5676_238212731,00.html
[14] Idem.
[15] VILLARROEL, Gilberto. La herencia de los “Chicago Boys” en http://www.lanacion.com.ar/archivo/Nota.asp?nota_id=866455
[16] IDEM
[17] El rol de los… en http://www.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5676_238212731,00.html
[18] IDEM
[19] VILLARROEL, Gilberto. OP. Cit.
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